Brecha educativa: la inclusión de estudiantes con discapacidad sigue siendo un desafío
En el Distrito Metropolitano de Quito, más de 8.300 niños y adolescentes con discapacidad intelectual están en edad escolar, pero solo un pequeño porcentaje logra culminar el bachillerato. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que, entre jóvenes de 5 a 29 años con discapacidad, apenas el 54,6 % asiste a clases y solo 14 de cada 100 se gradúan del bachillerato. Estas cifras reflejan una brecha que impide que el derecho a la educación se traduzca en experiencias reales de aprendizaje, permanencia y culminación.
La inclusión en papel
El derecho a la educación está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y, para las personas con discapacidad, se complementa con normativas específicas que obligan al Estado y al sistema educativo a garantizar acceso, permanencia, participación y culminación sin discriminación. La Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 28, establece que:
“La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada.”
Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 2, donde se establecen sus principios, contempla la universalidad, que implica reconocer a la educación como un derecho humano fundamental y el deber ineludible e inexcusable del Estado de garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Además, establece la atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o enfermedades catastróficas.
En esa misma línea, el principio de equidad e inclusión asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo, garantizando la igualdad de oportunidades. Este principio promueve una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar inclusiva, tanto en la teoría como en la práctica, basada en la equidad y orientada a erradicar toda forma de discriminación.
¿Cómo cambiar esta realidad?
En Quito, los testimonios de familias reflejan que el acceso sigue siendo limitado: denuncian rechazos en colegios privados, falta de personal especializado y escasa infraestructura adaptada. Pero más allá de los recursos, persisten factores actitudinales que condicionan la inclusión. En muchos casos, la decisión de no admitir estudiantes con discapacidad se justifica en la falta de medios, aunque muchas veces lo que pesa más es la falta de voluntad institucional o la manera en que se percibe la discapacidad dentro de la comunidad educativa.
La mirada social hacia la discapacidad y la actitud de docentes, directivos y compañeros son tan determinantes como las adaptaciones técnicas o curriculares. Asistir a clases es solo el primer paso; permanecer, participar y culminar los estudios requiere que las instituciones combinen formación docente, accesibilidad y sobre todo un cambio de mirada. Cuando la disposición humana y los recursos técnicos se alinean, la educación inclusiva deja de ser un ideal y se convierte en una práctica cotidiana.
